¿Insultar por Facebook sale gratis tras la reforma del Código Penal?

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El uso generalizado de Facebook como red social de relación con nuestro entorno próximo, familiares y amigos, se ha convertido no sólo en un escaparate para compartir viajes, fiestas, experiencias de alegría, sino también en un altavoz para el desahogo de frustraciones y enfados que pone fácil caer en el insulto sin medir la trascendencia jurídica de nuestra acción.

Publicar improperios en nuestro estado que atenten contra la reputación o bien menoscaben la autoestima del destinatario constituye una vulneración del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1. de nuestra Constitución Española y desarrollado en la Ley 1/1982 de 5 de mayo de protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y Familiar y a la Propia imagen.

Asimismo nuestro Código Penal contiene una regulación específica para los delitos relacionados con la violación de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen con independencia del medio a través del que sean cometidos, tipificando tales conductas en los artículos 208 y 620.2º.

A este respecto define el artículo 208 la injuria como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Asimismo en su apartado segundo concreta:

“Solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto público por graves”

Aquéllas injurias o vejaciones injustas de carácter leve se calificaban como falta en el artículo 620.2º del Código Penal, sin embargo la derogación de las faltas tras la reforma del Código Penal por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015 de 30 de marzo, parece dejar huérfanas de protección penal estas conductas puesto que no han quedado integradas en la nueva redacción del artículo 208 como punibles cuando su carácter sea leve.

El fundamento, de la supresión se sitúa en que se trata de infracciones que son corregidas de forma más adecuada en otros ámbitos.

Personalmente discrepo sobre el criterio puesto que los requisitos procesales del orden civil y los recursos que éste requiere no se presentan como los más ágiles e idóneos para salvaguardar los derechos del perjudicado frente a la viralidad con la que puede difundirse su difamación en redes sociales.

Si bien la reforma sí ha abordado la problemática de atipicidad en relación a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos de la difusión de imágenes o grabaciones del afectado sin su consentimiento en la nueva regulación del artículo 197 del Código Penal, parece haber dejado impune el insulto que no sea considerado como grave.

Beatriz Nieto Aguilera.

Beatriz Nieto

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